La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico, obtuvo en una audiencia de control de garantías la detención provisional para dos jóvenes de 18 y 20 años, y prisión domiciliaria para una joven de 18 años.

El Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión de los ciudadanos requeridos y les formuló cargos por robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir. Ante las medidas impuestas, la Fiscalía apeló la prisión domiciliaria de la mujer y la defensa objetó las detenciones, programándose una audiencia de apelación para el próximo 22 de junio de 2026.

El Juez basó su decisión en los contundentes elementos de convicción presentados que vinculan directamente a los imputados con el caso, además de acreditarse los riesgos procesales latentes dentro de la investigación. Las autoridades judiciales validaron que la gravedad del comportamiento de los procesados justificaba plenamente la aplicación de estas medidas de restricción de libertad para asegurar los fines del proceso penal.

Los hechos delictivos ocurrieron el pasado sábado 6 de junio de 2026 a las 6:10 p. m. en una estación de combustible en Santa Ana, distrito de La Pintada, cuando los tres implicados y dos sujetos más, ya detenidos, llegaron armados con cuchillos y armas de fuego para robar B/.471.78 en efectivo. Con extrema violencia, los agresores sometieron a un despachador de 28 años, lo privaron de su libertad subiéndolo a un vehículo donde lo golpearon continuamente, y finalmente lo arrojaron a la vía en Cañaveral, causándole heridas que requirieron 12 días de incapacidad médico-legal.

 La Procuraduría General de la nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.