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Imputan cargos a 4 personas por blanqueo de capitales, delitos ambientales y contra la fe pública
enero 09, 2024

La Fiscalía Regional de Darién logró la medida cautelar de detención provisional para una persona; mientras otras tres tendrá que notificarse los días 15 y 30 de cada mes por los delitos de blanqueo de capitales, delitos ambientales y contra la fe pública.

En el desarrollo de la audiencia los fiscales de la Sección Primera de Investigación y de Ambiente, Yilenia Marín y José Luis Lorenzo sustentaron la solicitud de la medida cautelar personal de detención provisional y secuestro penal de la suma de 194,461.54 balboas, para uno de los imputados de nacionalidad panameña; mientras que el Tribunal avaló las medidas de reporte periódico 15 y 30 para las otras tres personas, como presuntos autores y cómplices.

A tres de los imputados se les vincula por los delitos contra el ambiente y ordenamiento territorial; en la modalidad de tramitación, aprobación, cumplimiento urbanístico territorial; así mismo los delitos contra la fe pública; delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Los hechos ocurrieron en Playa Venao, en el corregimiento de Jaqué, distrito de Chepigana y Anati ubicado en Santa Fe, Darién, desde el año 2014; consecutivamente 2016 y circunstancias continuadas en 2021, 2022 y 2023, cuando estas personas mediante tramitación de expedientes simulaban posesión y uso de las tierras con fines agrícolas; sin embargo, eran bosques naturales logrando la titulación de 35 predios que conformaban una superficie aproximada de 1,500 hectáreas, las cuales fueron vendidas a una persona extranjera quien pagó por medio de transferencias internacionales a la cuenta de uno de los imputados, quien realizó el pago de los bienes adquiridos de forma ilícita.

Cabe destacar que, a petición de la defensa de las víctimas, contando con el criterio del Ministerio Público, el Juez de Garantías, también otorgó medidas conservatorias para evitar la continuidad del delito y otros daños que se pudieran estar causando a las víctimas a consecuencia de trámites ilegítimos; en consecuencia se ordenó a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) suspender todos los trámites en los expedientes cuestionados.

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