La Fiscalía Primera Superior Contra la Delincuencia Organizada, representada por los fiscales Vidalma López y Reinier Rivas logró la legalización de la aprehensión, formulación de imputación de cargo por el delito de explotación laboral; además, se ordenó la medida cautelar de detención domiciliaria y prohibición de salida del país para dos personas extranjeras.
Igualmente se admitió el anticipo jurisdiccional de la pena a petición del Ministerio Público, logrando el desahogo de las pruebas testimoniales de las víctimas.
Los hechos van se venían registrando desde 2018 a la fecha, cuando 8 migrantes, 7 de origen nicaragüense y uno colombiano, fueron objeto de explotación laboral en un local de producción de alimentos ubicado en Vía España, ciudad de Panamá.
