La Fiscalía Anticorrupción se trasladó al Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de ubicar información para establecer las partidas que fueron asignadas a las Juntas Comunales provenientes de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) que guardan relación con denuncias presentadas en 2024,  por hechos que han sido calificados como delito contra la Administración Pública (Peculado Doloso) relacionados al uso de fondos del Programa de Interés Social (PDIS), en perjuicio de diferentes Juntas Comunales y Municipios a nivel nacional, en el periodo gubernamental 2019-2024.

Una vez recibida la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo diferentes diligencias para acreditar la conducta delictiva denunciada y también para determinar el grado de participación de las personas señaladas como autores y partícipes.

En ese sentido, se han llevado a cabo diligencias de allanamientos y registros a residencias que han dado como resultado la ubicación de indicios, se han efectuado inspecciones judiciales en distintas Juntas Comunales a fin de determinar si existe documentación relacionada al Programa de Interés Social, además, se han tomado entrevistas.

Igualmente se requirió información a la AND relacionada a las sumas de dinero pedidas por los representantes de corregimientos y por los alcaldes municipales denunciados en estas causas; se giró notas al Banco Nacional de Panamá del cual se ha obtenido las certificaciones de existencia de las cuentas del Programa de Interés Social designadas a cada Municipio y Junta Comunal, los movimientos bancarios y cheques girados a personas tanto naturales como jurídicas, lo que ha permitido determinar la existencia de los recursos económicos dotados a las entidades afectadas y también la identificación de los beneficiarios de esas sumas de dinero.

La Fiscalía continúa realizando diligencias de investigación a nivel nacional para ubicar datos en diferentes instituciones.

La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.