La Fiscalía Regional de Panamá Oeste realizó una reunión con los oferentes laborales de las distintas Juntas Comunales y otras entidades públicas de los distritos de Arraiján y La Chorrera, a las que acuden las personas sancionadas que realizan trabajos comunitarios, esto con el objetivo de reforzar o conocer las deficiencias que se mantienen en el control de la asistencia de estas personas y la oportuna emisión de los informes de cumplimiento o incumplimiento.
Durante la actividad participaron, por parte del Ministerio Público, la fiscal superior Elisena Ríos, la fiscal coordinadora de la Sección de Cumplimiento Tania Zamora y los fiscales Ceferino Velásquez y Kelly Palma Hoo. Por parte del Órgano Judicial estuvieron presentes los jueces de cumplimiento Pedro Castro y Marcos Herrera, así como un total de 40 oferentes laborales.
La fiscal superior Ríos dio a conocer la importancia de esta reunión, en la que se abordó el tema de la responsabilidad de los supervisores, así como la colaboración que debe existir con el Ministerio Público, para que haya una comunicación oportuna para mejorar los controles sobre los sancionados que mantienen el beneficio de trabajo comunitario en las diferentes entidades.
“Fue propicia esta reunión para exponer los retos y dificultades que se mantienen en la supervisión y recibir información confiable de la forma en que deben ejercer su labor como supervisores, aprovechando esta mano de obra no remunerada en pro de la comunidad” agregó.
Por su parte, en representación de la Sección de Cumplimiento, el fiscal Ceferino Velázquez indicó que luego de unas inspecciones realizadas en las distintas juntas comunales, se observaron algunas situaciones inusuales con relación al listado de asistencia de los sancionados, por lo cual se convocó esta reunión para poder mejorar y a su vez poder instruirlos en la forma correcta en cuanto a la supervisión.
Mientras tanto, el juez de cumplimiento Pedro Castro, explicó que los sustitutos de penas buscan cumplir con las penas impuestas mediante otro tipo de forma de cumplimiento, por lo que la participación de los oferentes domiciliarios de trabajo no remunerado es importante para contribuir en la resocialización e inserción social de las personas sancionadas.
