La Fiscalía Regional de Bocas del Toro, través de la Sección de Homicidio y Femicidio, representada por los fiscales Juvencio Caballero Solé y Gustavo Grenald, logró que se admitieran 22 pruebas testimoniales, 7 periciales y documentales que sustentan la teoría del Ministerio Público, donde se pretende probar la responsabilidad penal de nueve personas imputadas por el delito de Homicidio en Grado de Tentativa en perjuicio de tres jóvenes.
Los señalados todos nacionales originarios de la comarca Ngäbe Buglé miembros de una secta denominada “Iglesia de Dios”, que operaba en la comunidad de El Terrón, durante el año 2020.
El fiscal Caballero explicó que este llamamiento a juicio se logra toda vez que esta causa se mantenía abierta y, a través de diferentes recursos y acciones presentadas por el Ministerio Publico y otras por la defensa, se mantenía aplazada; sin embargo, mediante una acción de Amparo de Garantías, en contra de la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, concedió este último recurso ya que se trataban de hechos distintos en perjuicio de otras víctimas.
En su decisión la Corte Suprema de Justicia acogió la postura del Ministerio Publico de garantizar el derecho a la tutela de la vida e integridad de las víctimas, el acceso a la justicia que les asiste, tal como es reconocido por las normas del derecho Internacional.
Ello permitió que se llevara a cabo una audiencia en etapa intermedia en donde se admitieron las pruebas antes señaladas, logrando que se fijara como fecha de juicio oral el 20 de agosto del 2024, para decidir la responsabilidad penal o no de los acusados.
Esta investigación se originó días previos a la ocurrencia de la conocida masacre de El Terrón en el mes de enero del 2020, donde tres hermanos, dos mujeres y un menor de edad, en medio de un culto religioso fueron golpeados y quemados por los líderes de esta agrupación con el pretexto de “sacarles el demonio”, pero estos lograron escapar y llegar hasta un centro médico en la provincia de Veraguas.
El fiscal Caballero indició que durante el acto de juicio se tratará, con las pruebas con que se cuentan, acreditar la responsabilidad penal de las personas hoy acusadas.
Los nueve imputados por esta causa ya mantienen condenas, siete a 50 años de prisión cada uno y los otros dos a 47 años, como responsables por los delitos de Homicidio Agravado, Femicidio y Privación de Libertad, por la masacre de El Terrón, en perjuicio de seis menores de edad y una mujer embarazada, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados 13 de enero del año 2020.