En audiencia de solicitudes múltiples, ante el Tribunal de Garantías, la Fiscalía Primera Superior Contra la Delincuencia Organizada, representada por el fiscal Miguel Tuñón, logró que el Juez Frank Torres, legalizara la aprehensión, imputara los cargos por los delitos contra la Libertad Individual, en la modalidad de extorsión agravada, y contra el Patrimonio Económico y ordenara la detección provisional de un ciudadano.

Lo anterior, surge luego que las víctimas fueron desalojadas de su residencia, mediante amenazas, agresiones e intimidación con armas de fuego; además, despojaron a las personas de televisores, radios y otras pertenencias que tenían su residencia en el corregimiento de Betania, provincia de Panamá.

En este caso se mantienen detenidas, bajo los mismos cargos, otras dos personas más.