#Entrevista ?| Con la solicitud de llamamiento a juicio para 541 personas por peculado en la ATTT, culminan los alegatos de la Fiscalía Superior Anticorrupción de Descarga. Fiscal Superior, Anilú Batista informa lo acontecido hoy en esta audiencia preliminar. pic.twitter.com/MHztS0HGrL
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) March 28, 2022
La Fiscalía Superior Anticorrupción de Descarga ha culminado los alegatos con las solicitudes de llamamiento a juicio para 541 personas, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, en la audiencia preliminar realizada en las instalaciones del Gimnasio Roberto Durán, en Juan Díaz.
La fiscal superior Anilú Batista, que participa en el equipo de fiscales en esta audiencia preliminar, señaló que, con los elementos que constan dentro de la vista fiscal, el Ministerio Público solicitó la apertura de causa criminal para 61 exfuncionarios, 28 representantes de concesionarias o prestatarias y 452 personas más, entre transportistas y particulares; a quienes se les formuló cargos dentro de esta investigación.
En la conclusión de los alegatos, a cargo de la fiscal Kyra Tascón, se indicó la existencia de una triangulación, con un grado de complicidad por parte de las concesionarias y los transportistas, también con el actuar doloso por parte de los exfuncionarios, que ya entonces en estos días de audiencia se estableció cuál era la participación de cada uno.
En el día de mañana se reanudará este acto de audiencia con los alegatos que presentara la víctima, representantes de la ATTT, que está constituida como querellante; y posteriormente iniciarán los alegatos de la defensa de los imputados.
Esta audiencia preliminar, que inició el 14 de marzo de 2022, se da con por la investigación conocida como compensación de «diablos rojos», que inició con denuncias interpuestas por varias personas en torno a posibles irregularidades que se estaban dando en las cancelaciones y reasignaciones de los certificados de operación, que traía consigo un perjuicio económico a la Administración Pública, dentro del proceso que inició como parte de la modernización del sistema de transporte público en la ciudad capital, las cuales fueron acumuladas.
