Fiscalía Anticorrupción de Descarga sustentó apelación en caso “Comida Deshidratada”
septiembre 13, 2018

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga presentó en tiempo oportuno el 29 de agosto de 2018 el Recurso de Apelación N°100 en contra del auto de nulidad N°4 del 23 de agosto de 2018, emitido por el Juzgado Décimo Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del sumario seguido al señor A. A. por la comisión del delito Contra la Administración Pública.

Según el juzgador en su decisión, consideró que la responsabilidad penal del procesado no estaba clara, más bien señaló que había dudas sobre su responsabilidad penal por lo cual debía favorecerlo, dispuso el archivo de la causa para el representante legal de la empresa a la cual se le adjudicó la licitación para el proyecto de “Compra de Alimentos Deshidratados para las escuelas oficiales de los corregimientos con mayor índice de pobreza 2010”, a través del Programa de Ayuda Nacional.

Por su parte la Fiscalía, sustentó su Recurso de Apelación, señalando no compartir el criterio esbozado por el Juez de Primera Instancia, ya que en las diferentes diligencias y pruebas obtenidas en el transcurso de la investigación, se pudo corroborar la existencia de una lesión patrimonial al Estado y la insolvencia económica de la empresa contratista, quien debía realizar el proyecto por el cual fue contratada.

Considera la Fiscalía que se logró establecer que el señor representante legal de la empresa pese a su condición de particular, también tuvo participación en la comisión del delito Contra la Administración Pública de Peculado por lo cual fue vinculado al proceso.

Por lo cual el Fiscal Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, Adecio Mojica Peña, solicitó a los Señores Magistrados del Segundo Tribunal de Justicia, “revóquese” en todas sus partes el Auto de Nulidad No.4 de 23 de Agosto de 2018, por delito contra la Administración Publica, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional y se mantuvieran los cargos por delito Contra la Administración Pública en contra del vinculado, por las pruebas existentes en su contra.

Y. Rivera.

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