La Fiscalía Anticorrupción representada por la fiscal Leyda Sáenz recomendó en audiencia realizada hoy, 16 de abril, el llamamiento a juicio de cuatro personas, entre ellas, un exministro de Desarrollo Social dando paso al delito origen del ilícito de blanqueo de capitales.
En la fase de alegatos la fiscal explicó que existen delitos precedentes de enriquecimiento ilícito, la suma no justificada en ese delito es cerca de 2 millones de balboas. “Además hay suficientes indicios para sostener razonablemente la apertura a juicio de estas personas”, indicó la representante del Ministerio Público.
Entre los bienes que se le investiga al exministro se encuentran las fincas ubicadas en las áreas de Albrook, La Chorrera, Coronado y el Valle de Antón.
Puntualizó la fiscal que los bienes fueron adjudicados a personas de confianza, indicando que esto es referente de la etapa de blanqueo.
“Pensar que se trata de un doble juzgamiento, es un gran error, el delito de blanqueo se realiza con operaciones financieras comerciales con la finalidad de aparentar licitud a lo ilícito, utilizando préstamos comerciales y contrato de compraventa” sostuvo la fiscal Anticorrupción.
Tales hechos se producen de actos comerciales que se utilizaron para eludir el origen ilícito de fondos, por enriquecimiento injustificado lo que fue determinado mediante una auditoría de la Contraloría General de la República.
La juez Agueda Rentería enfatizó que no había causal de suspensión, ni razón para no realizar la audiencia.
Las personas procesadas en este caso son: el exministro y su esposa, además de un cuñado y la hermana de este último.
De igual forma la fiscal Sáenz solicitó al Juzgado Primero la extinción de la acción penal por la muerte de otra de las personas investigadas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1968 del Código Judicial. Y se dictara el sobreseimiento por el delito contra la fe pública
Puntualizó la fiscal que los bienes fueron adjudicados a personas de confianza, indicando que esto es referente de la etapa de blanqueo.
El Juzgado Primero de Circuito Penal se acogió al término que concede la ley de 30 días para resolver la solicitud.
I. Del Vecchio.
