En el marco del “Caso Acrópolis”, la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción logra la revocatoria de la medida cautelar de reporte periódico para seis personas y el Tribunal Superior de Apelaciones ordena la detención provisional; además se confirmó la detención provisional para uno de los vinculados en esta investigación que abarca los delitos de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.

Durante el desarrollo de la audiencia de apelación, la Fiscalía Anticorrupción expuso las razones por la cual estas personas debían estar detenidas y el tribunal considero que la medida de detención para los seis ciudadanos era la más acorde debido a la gravedad de los delitos y confirmó la detención provisional para uno de los vinculados, medida cautelar aplicada en primera instancia por un Juez de Garantías. A otros dos de los imputados que fueron llevados a la apelación, se les mantuvo con medida cautelar distinta a la detención.

La Operación “Acrópolis”, se realizó el pasado 2 de julio del 2025, como parte de una investigación por la posible comisión de delitos contra la administración pública, la fe pública y el blanqueo de capitales, que involucra a funcionarios y particulares, donde se aprehendieron a 13 personas en diversas provincias, incluyendo Panamá Centro, Panamá Oeste y la región de Azuero, de los cuales todos han sido imputados por los delitos antes mencionados y mantienen medidas cautelares.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 18 de enero de 2025 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se alertaba sobre un trámite presuntamente irregular que permitió el pago de B/. 556,543.20 a una empresa privada, el pasado 10 de enero de 2025, mediante gestiones realizadas por funcionarios del MEF y del Ministerio de Salud (MINSA).

La investigación revela que, una vez consumado el posible delito de falsificación de documentos públicos, los fondos fueron distribuidos entre los particulares, constituyéndose en un presunto delito de blanqueo de capitales.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso firme con el combate a la corrupción, la defensa de los intereses patrimoniales del Estado panameño y el cumplimiento irrestricto del marco legal vigente. Las investigaciones continúan, con el propósito de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos graves hechos.