La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción en acto de audiencia imputó a tres personas (dos exrepresentantes y un extesorero) por el delito de peculado doloso agravado, los cuales estaban a cargo de las Juntas Comunales de los corregimientos de Juan Demóstenes Arosemena y Burunga, relacionado al Programa de Inclusión Social (PDIS), cuyo objetivo es transferir recursos financieros a las juntas comunales y municipios para que realicen proyectos en comunidades de difícil acceso.

A una de estas personas se le ordenó su detención provisional y a las otras dos reporte los lunes y viernes de cada semana, prohibición de salir de la provincia de Panamá Oeste, obligación de mantenerse en su domicilio, hecho por el cual la Procuraduría General de la Nación apela la decisión de Juzgado de Garantías y se programa para el 20 de agosto la audiencia de apelación por las medidas cautelares otorgadas distintas a la solicitada de detención provisional.

De acuerdo con las auditorías de la Contraloría General de la República, se causó una lesión patrimonial de B/236,430.05 al Estado en el caso del exrepresentante y extesorero de Juan Demóstenes Arosemena. En el caso de la Junta Comunal de Burunga, el informe de auditoría proporcionado por la Contraloría, concluye la incorrección en el manejo de los desembolsos por B/ 185,378.39.

Estas acciones reflejan el firme compromiso de la Procuraduría General de la Nación con la transparencia en el uso de fondos públicos, la defensa de los intereses del Estado y la lucha frontal contra la corrupción.