Continuando con las investigaciones seguido en el marco de la Operación Acrópolis, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ha imputado a 13 personas (5 funcionarios y 8 particulares) por diferentes delitos, contra la Administración Pública, contra la Fe Pública y contra el Orden Económico.

A los funcionarios se les imputó a dos de ellos (1 del Ministerio de Economía y Finanzas y otro del Ministerio de Salud), por los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, y a otros tres (1 del Ministerio de Economía y Finanzas y 2 del Ministerio de Salud), al primero por el delito de falsificación de documentos en general y blanqueo de capitales, mientras que a los otros dos por falsificación de documentos en general; a todos se les decretó como medida cautelar, el reporte periódico e impedimento de salida del país.

Mientras que, a los particulares, a uno se le imputó por los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, y mantiene medida cautelar de detención provisional; y los otros 7 se les imputó por el delito de blanqueo de capitales, y se les ordenó las medidas de reporte periódico e impedimento de salida del país.

La Fiscalía apeló las medidas distintas a la detención y la audiencia se programó para el 15 de julio de 2025, a las 8:30 a.m., Plaza Fortuna.

La investigación inició tras una denuncia interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en enero de 2025, donde se revelaba un esquema fraudulento que permitió el pago irregular de más de B/. 556 mil a una empresa privada, a través de documentos presuntamente falsificados y gestiones indebidas desde el MEF y el MINSA; en respuesta, la Fiscalía ejecutó más de 10 allanamientos simultáneos en diversas regiones del país, incluyendo Panamá Centro, Panamá Oeste y Azuero, lo que permitió recabar pruebas clave y detener a varios de los involucrados.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso firme con el combate a la corrupción, la defensa de los intereses patrimoniales del Estado panameño y el cumplimiento irrestricto del marco legal vigente.