Obras inconclusas y comunidades esperando por la construcción de baños higiénicos, esto fue lo que encontró la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción durante las diligencias desarrolladas en los distritos de Macaracas en Los Santos y en Ocú, provincia de Herrera, como parte de investigación por presunto manejo irregular de fondos públicos en perjuicio de Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), relacionado al programa 100/0 “Sanidad Básica” periodo 2014-2019.
En las residencias de comunidades como Bajo de Güera, Corozal, Bahía Honda, La Mesa, entre otras del distrito de Macaracas, así como Llano de Piedra, entre otras en Ocú, solo queda los anuncios de aquel programa “Sanidad Básica”, además de hierros oxidados por el tiempo y viejas estructuras.
Casa por casa, la Fiscalía Anticorrupción acompañada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional (DIJ), inspeccionó estas residencias, además de entrevistar a los humildes pobladores quienes expusieron cómo fueron contactados para ser beneficiados con este ambicioso proyecto. Igualmente se hizo diligencias en la sede del CONADES, en Las Tablas.
Las diligencias desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción en Macaracas están relacionadas a investigación que inicia el 3 de enero de 2025, tras informe de auditoría de la Contraloría General de la República relacionado a un contrato del año 2017 del Programa Sanidad Básica que revela un perjuicio de B/. 718,874.24.
Igualmente, las diligencias desarrolladas en Ocú se relacionan a investigación seguida tras informe de la Contraloría General de la República sobre contrato de obra civil del Programa Sanidad Básica firmado el 1 de octubre de 2015, por el CONADES.
Este contrato, contemplaba la construcción de 279 unidades sanitarias en el corregimiento de Llano Grande, por un monto de B/. 1,069,267.50. Sin embargo, según el informe de auditoría, a la empresa se le otorgó un anticipo del 20% sin que la obra fuera concluida, generando un perjuicio económico al Estado, estimado en B/. 166,457.36.
El informe técnico de la Dirección de Ingeniería de la Contraloría señala que las obras ejecutadas representan solo un 24% del total contratado, lo que motivó las diligencias practicadas en el sitio.
La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso para ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.
