El fiscal Ricaurte González, de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, confirmó que cuando se realiza una grabación de un video íntimo o de un acto de violación, en el cual la víctima sea menor de edad, y este sea difundido o almacenado digitalmente o portado en algún dispositivo electrónico, puede la persona ser sancionada penalmente, porque la ley panameña castiga estas conductas, descritas en los artículos 184 y 185 del Código Penal, que establece 5 a 10 años, a quien distribuya este tipo de material íntimo y de 3 a 5 años de prisión, para aquel que posea videos o fotos pornográficas de menores de edad.

Lo correcto es que los ciudadanos inmediatamente pongan en conocimiento de la autoridad competente la información que reciban, para que se pueda dar inicio a una investigación y no propagarlo o reenviarla a otros usuarios en cadena o en redes sociales.

Hay que recordar que la divulgación del material puede afectar la eficacia de la investigación, ya que no existe un proceso con las garantías necesarias, que permita lograr el resultado esperado, que es castigar a los culpables.

Señaló el fiscal González, que cada día se aumenta este tipo de denuncias en el Ministerio Público con una incidencia importante. En el año 2015 se registraron 104 casos de delitos de extorsión y en el 2016 se dieron 169, elevando la incidencia en un 38%, según cifras de estadísticas del Ministerio Público.

El Ministerio Público, hace el llamado a las personas para que denuncien estos hechos delictivos y no caer en las amenazas, de publicar una foto o un video íntimo, así como evitar intercambiar material íntimo, porque se crea al caldo de cultivo perfecto para ser víctima de una extorsión.