La Fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, finalizó con los alegatos de conclusión solicitando la sentencia condenatoria para 28 de personas acusadas por la comisión del delito contra el orden económico, en su modalidad de blanqueo de capitales y la sentencia absolutoria para 4 personas, en el quinto día de audiencia ordinaria en el caso conocido como Lava Jato.

De las 28 personas que se solicitó la sentencia condenatoria, 5 fueron en calidad de autor, 4 como cómplices primarios y 19 como cómplices secundarios.

La fiscal Isis Soto continuó con la vinculación de personas de cargos de dirección y gerencial de la firma de abogados que prestaron ayuda para impedir se conociera el origen de la titularidad de los bienes que procedían de una actividad ilícita, y la vinculación del jefe del Departamento de Cómputo de la firma de abogados para ocultar información y extraerla sobre la investigación de Lava Jato, ya que tenía la capacidad de borrar y modificar información con el consentimiento de los socios mayoritarios del bufete.

También recalcó la vinculación de 16 personas que hacían función de directores nominales, quienes se dedicaban solo a firmar documentos en blanco de cuentas bancarias, ayudando a la comisión del blanqueo de capitales.

Señaló la fiscal Soto que se crearon estructuras para encubrir los beneficiarios finales de bienes, que eran personas políticamente expuestas y finalizó aseverando que el Ministerio Público obtuvo información legalmente veraz por parte de la República Federativa de Brasil y de la propia base de datos de la firma de abogados y todas esas constancias se encuentran en los 218 tomos de la investigación que dan cuenta de la participación criminal de los acusados para los cuales se ha solicitado una sentencia condenatoria.

En su alegato final la fiscal Soto indica que la investigación no nació de un capricho del Ministerio Público, sino por hechos noticiosos de la información que estaba siendo investigada en Brasil.

En esta investigación, iniciada en 2016 se lograron establecer elementos que se recabaron de las asistencias judiciales internacionales de la República Federativa de Brasil, en los que se pudo establecer los delitos precedentes al blanqueo de capitales; además, cuentas bancarias abiertas en Panamá y la trazabilidad de los fondos que vinculaban a un bufete de abogados en el país que se dedicaba a la creación de sociedades anónimas que supuestamente tenían como objetivo la movilización de estos fondos ilegales.

La audiencia continúa el día lunes 3 de julio de 2023, con los alegatos de la defensa.