En audiencia de fase intermedia, dentro de la causa denominada Operación Fisher, se dictó auto de apertura a juicio oral y se acusó a un total de 51 personas naturales y 6 personas jurídicas, por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales y se fijó fecha para el 26 de mayo de 2025, el juicio oral.
Se admitieron un total de 80 pruebas testimoniales, 240 pruebas documentales, 5 pruebas materiales y 15 pruebas periciales; presentada por la fiscal Yaravi De Gracia, ante el juez de garantías, Manuel Lezcano.
Cabe destacar, que se anuncia decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que se acoge amparo de garantías interpuesto por la Procuraduría General de la Nación y se revoca un doble juzgamiento, incluyendo así el delito de blanqueo de capitales a un coimputado. Dentro de esta causa se validaron 26 acuerdos de pena.
La Operación Fisher surge de una investigación iniciada en la Fiscalía Superior especializada en Delitos Relacionados con Drogas en febrero del año 2020, que busca, desde su génesis, desarticular a una presunta organización criminal indiciada por delito de asociación Ilícita para delinquir y delitos contra el orden económico, en su modalidad de blanqueo de capitales, producto de actividades del narcotráfico.
Esta organización criminal ligada al «Clan del Golfo» utilizaba la costa del Caribe panameño, a través de la Costa Arriba y Costa Abajo de la provincia de Colón principalmente, para recibir, almacenar, custodiar y transportar grandes cantidades de droga provenientes de Colombia.
Los cargamentos de droga eran despachados posteriormente a través de vehículos con doble fondo, cilindros de gas, llantas y otras formas de ocultamiento, a través del territorio nacional para luego transportarlos en lanchas rápidas hacia Centroamérica y llegar a su destino final, los Estados Unidos. Producto de esta actividad ilícita, este grupo generaba grandes sumas de dinero, que ocultaban en sus propiedades y además trataban de introducirlo al sistema bancario.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, en coordinación con los estamentos de seguridad, al grupo criminal se le vincula al decomiso, en 29 eventos diferentes ocurridos en Colón, Panamá, Panamá Oeste y Bocas del Toro, de 1.5 toneladas de sustancias ilícitas, y la suma de B/. 9,979,648.00, en efectivo que tenía como modus operandi la entrega en cajetas o en bolsas reutilizables.