El cumplimiento de la condena de 48 meses en un centro penitenciario, fue la decisión emitida en contra de un ciudadano de 59 años de edad, al que la Sección de Asistencia a Juicio de Chiriquí, probó como responsable por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de usurpación.

La Fiscalía, en su desarrollo probatorio durante el juicio celebrado el pasado mes de junio del presente 2025, probó la responsabilidad de esta persona, permitiendo que se le condenara a la pena antes señalada y como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 24 meses.

Después de la decisión emitida, la defensa del condenado, pidió reemplazo de la pena de prisión a días multas, a lo que el Fiscalía a través de la Sección de Cumplimiento, se opuso al señalar que posterior a la emisión de la sentencia aún continúan las acciones por parte del sancionado hacia la víctima, por lo que no se están cumpliendo los fines de la pena en cuanto a una retribución justa y la resocialización del sancionado.

Esta causa penal se originó por un hecho ocurrido el 8 de marzo de 2021, en una finca privada ubicada en el corregimiento de Boca Chica, en el distrito de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes; así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.