En acto de audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada presentó imputación por los delitos de estafa agravada, estafa simple y blanqueo de capitales, para 3 personas naturales, admitiendo el Juzgado la imputación de dos de estas personas y se les decretó el arresto domiciliario con posibilidades laborales, aplicación apelada por la Fiscalía, y la audiencia se realizará a las 8:30 a.m., el 21 de agosto de 2023.
Además, se les imputó por el delito de blanqueo de capitales a cuatro personas jurídicas.
Las fiscales Sandy Cedeño y Vidalma López sustentaron ante la juez de garantías, Marisol Ortíz, todos los elementos de convicción que acreditaron el hecho investigado en este caso, y también la legalización de la aprehensión, formulación de imputación y medidas cautelares a los imputados. No se admitió la imputación de una de las investigadas (abogada) donde la Fiscalía analizará los recursos que sean necesarios presentar.
Esta investigación que inició hace 8 meses, es por hechos registrados desde el año 2016 al 2021, en los que, mediante engaño, se procuraron un provecho ilícito en perjuicio del Tesoro de los Estados Unidos de América al realizar diferentes atenciones médicas y otros procedimientos en Panamá, a un grupo de veteranos militares del Departamento de Asuntos Veteranos (DAV) a través del Programa Médico Extranjero (PME), gestionando una serie de reclamos y utilizando diversos esquemas entre ellos, de cobros por servicios o productos duplicados o innecesarios a través de facturaciones médicas y reclamaciones falsas, ocasionando una lesión que supera los cien mil balboas (B/ 100,000.00).
A estas empresas se les ha pagado 67 millones de balboas, donde el perjuicio querellado es de 1,044,921.20. Además, se logró aprehender en cuentas bancarias la suma de B/. 585,681.32
Igualmente, los imputados personalmente y a través del uso de personas jurídicas recibieron y depositaron cheques, en entidades bancarias, transfiriendo estos dineros en cuentas bancarias donde figuran como firmantes y beneficiarios finales, previendo razonablemente que procedían de una actividad ilícita como estafa calificada, con el objeto de encubrir y disimular su origen ilícito al introducir a los bancos una serie de cheques que fueron mezclados con otros, a efectos de impedir su determinación, con amparo de servicios médicos prestados bajo sustentos de la actividad comercial referida en los bancos y con ello realizando transferencias a terceras personas, afectando con este actuar nuestro orden económico.
