La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía Metropolitana, en diferentes audiencias de solicitudes múltiples, logró las condenas de los ciudadanos Jimmy Alberto Vásquez y Kevin Alberto Beltrán Murillo a 15 años de prisión cada uno, por los delitos de robo agravado y posesión ilícita de arma de fuego, donde se les acumularon dos causas; mientras que a otra persona vinculada al caso, se le decretó la medida cautelar de detención provisional, por lo mismos delitos.
En representación del Ministerio Público estuvieron los fiscales Elizabeth Carrión Ortega y Ángel Arauz, quienes presentaron la legalización de las aprehensiones, formulación de imputación de cargos, dos acuerdos de pena y una medida cautelar de detención provisional, igualmente los elementos de convicción que acreditaron el hecho investigado y la individualización de los imputados; todas admitidas por la juez de garantías, Sheryl Toulier.
El hecho ocurrió el 15 de julio de 2022, en el corregimiento de Río Abajo, siendo aproximadamente las 9:30 p.m., cuando los sentenciados abordan a dos personas y, mediante violencia e intimidación con arma de fuegos amenazaron con dispararles y los despojan de sus pertenencias, consistente en celulares, documentos personales, tarjeta clave, dinero en efectivo y otras pertenencias; ejecutado el hecho, huyeron en un vehículo tipo sedán, que los esperaba y era conducido por la persona detenida provisionalmente. En este vehículo se aprehendieron a estas personas y se ubicaron bienes de las víctimas.
Posteriormente, estas personas fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional, que al momento de la persecución les realizaron detonaciones con armas de fuego, impactando y colisionando los vehículos policiales, y donde después se les ubicó un arma de fuego tipo fusil, calibre .223 y una pistola calibre 9mm con proveedores y 45 municiones calibre .223 y 9mm, sin detonar; mismas que utilizaron para ejecutar el robo y que, según balística forense, son idóneas para realizar disparos.
Las investigaciones estuvieron dirigidas en primera instancia por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, con la colaboración de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, logrando individualizar a estas personas y reuniendo los elementos de convicción necesarios para su vinculación.