Mediante la Operación Vértice, la Fiscalía Anticorrupción con unidades de la Dirección Investigación Judicial de la Policía Nacional aprehendieron a dos exfiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) y un funcionario del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), investigados por peculado doloso agravado, relacionado a irregularidades en el Proyecto de Reforestación con Plantones de Cacao desarrollado en Los Santos, que causó una afectación económica de B/.640, 264.10.

Las diligencias se desarrollaron en horas de la madrugada en Los Santos, Arraiján y en El Crisol, distrito de San Miguelito, donde fueron aprehendidas estas personas.

Las investigaciones iniciaron en mayo de 2023, tras una denuncia que revelaba las irregularidades en la ejecución del Proyecto de Reforestación Agroforestal con Plantones de Cacao el cual forma parte de un convenio interinstitucional suscrito entre el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Ministerio de Ambiente, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Instituto de Desarrollo e Investigación Agropecuaria (IDIAP), a desarrollarse en 5 fincas ubicadas en la provincia de Los Santos, distritos de Pedasí, Tonosí y Pocrí.

En las investigaciones se recibe informe de auditoría de la CGR de noviembre de 2025, relacionada con los procesos de licitación, contratación y uso de los desembolsos efectuados y el estado actual del mencionado proyecto. El informe evidenciaba la falta de estudios de campo, desembolsos sin las actas de aceptación, contratos sin adecuar las fincas ni contar con un sistema de riego funcional.

Además, que la siembra de plantones fue deficiente, equipos alquilados o adquiridos no utilizados, ni entregados, ni están registrados en inventario. Igualmente, no se gestionaron las reclamaciones de las fianzas en contratos clave, lo que impidió rescatar el proyecto.

Las personas aprehendidas serán llevadas a audiencia de garantías para la legalización de aprehensión, imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso para ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.