Siendo el día 20 de audiencia en el caso Odebrecht se inició con la presentación de los alegatos de la Fiscalía Anticorrupción, por parte de la fiscal superior Ruth Morcillo, quien indicó que el Ministerio Publico hará un repaso de todos los medios de prueba, y lo que hizo el Ministerio Público durante 10 años de investigación.
Resaltó la Fiscal el trabajo en equipo del Ministerio Público, que se debe a la ciudadanía.
Destacó la Fiscal que el análisis probatorio debe reforzar y permitir al juzgador identificar los diferentes métodos, esquemas o tipologías del blanqueo de capitales para la ejecución del hecho punible, y que corroboran la inobservancia, falta de control, fiscalización y prevención de los sujetos obligados o no obligados y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La existencia de las actividades que provén de fondos ilícitos de blanquear dinero, y porque dentro de esta causa tenemos el delito precedente, entendiendo como delito precedente los delitos contra la administración pública, soborno internacional, peculado y el delito de corrupción que establece el juzgador en el auto de llamamiento a juicio, que es óbice para establecer que era delito precedente.
Dijo que en 3 periodos presidenciales distintos se han enlistado proyectos que fueron contratados con la empresa Norberto Odebrecht en el 2004 al 2009: el proyecto Remigio Rojas, Cinta Costera 1, autopista Panamá – Colón; en el periodo 2009-2014: la canalización del río Caldera, Saneamiento de la Bahía, Línea 1 del Metro, Corredor Colón, puente vehicular de la Amistad y Ascanio Villalaz, Renovación Urbana Curundú, Renovación de Patrimonio Histórico, Ampliación del aeropuerto de Tocumen, Tercera Línea de transmisión eléctrica, Carretera Santiago – Viguí y planta de tratamiento de Juan Díaz; y en el periodo 2014-2017, la Línea 2 del Metro, renovación urbana Colón, carretera Veraguas-Chiriquí, la extensión de la Línea 2 del Metro a Tocumen.
Señaló la Fiscal que posteriormente sostendrá la vinculación de los diferentes acusados, sobre todo los exministros, que van a guardar relación directa con la participación criminal.
Destacó Morcillo las diligencias practicadas por el Ministerio Público, luego de haber suscrito los acuerdos con la empresa, de cumplir con el procedimiento establecido en virtud de la colaboración llevada cabo de buena fe y que permitió al Ministerio Público hoy por hoy y otras pruebas distintas a las aportadas por los colaboradores brasileños, la práctica de diligencias: 146 asistencias enviadas, 101 respuestas de asistencias enviadas, 45 asistencias en ejecución.
Indicó además los resultados de la investigación:
- Se formularon cargos por el delito de blanqueo de capitales a 101 personas naturales; como resultado de la etapa de calificación se llama a juicio a 37 personas.
- Se dictan 32 sobreseimientos provisionales y 9 sobreseimientos definitivos.
- Se formularon cargos por el delito de corrupción de servidores públicos, a tres exministros, los cuales prescribieron.
- Se aplicaron 43 medidas cautelares personales, 12 detenciones provisionales, 9 impedimentos de salida, 8 notificaciones periódicas, 14 impedimentos de salida y notificación periódica.
- Se concedieron 11 fianzas de excarcelación a favor de algunos de los imputados.
- Se aprehendieron muebles e inmuebles por el orden de 7,320,754.38.
- Se aprehendió dinero por la cantidad de 16,050,536.92 en Panamá, y en jurisdicciones extranjeras la suma de 43,117,612.75.
- Se sancionó a la empresa constructora Norberto Odebrecht a una multa de 220 millones de dólares, de los cuales a la fecha han pagado la suma de 78 millones de dólares.
- Se realizaron 9 acuerdos de colaboración eficaz, 17 acuerdos de pena, lo que representó 17 personas condenadas, y un acuerdo con una persona jurídica, logrando la recuperación para el Estado de 85 millones 185 mil 653.82 dólares.
- Dos personas, hoy aforadas, admitieron ante un Tribunal de Estados Unidos haber participado como intermediarios de sobornos de Odebrecht y se suscribieron a acuerdo y devolución por arriba de 19 millones.
Dijo que los sobornos se hacían para que los proyectos caminaran sin tropiezos, pero para eso el servidor público tenía que seguir no solo recibiendo sobornos, sino además haciendo la gestión que correspondía para aligerarlos, procesos que fuesen menos tortuosos para la constructora.
Morcillo detalló ante la juez Baloisa Marquínez la participación de los procesados y su conexión entre imputados, sociedades, empresas, cuentas bancarias y testaferros que recibieron las coimas, en este día se refirió a tres directivos de la Banca de Andorra para los que pidió condena para dos y absolución para uno, por delito de blanqueo de capitales.
Prosiguió con la vinculación de un exministro de la Presidencia (2009-2012). Destacando transferencias de Constructora Internacional del Sur (sociedad offshore) utilizada para pago de sobornos, a sociedades propiedad de los familiares del exministro para el cual pidió condena.
Continúo la Fiscal con los alegatos relacionados al exministro de Economía y Finanzas (2009-2014), destacando declaración indagatoria de José Saiz Villanueva (condenado por blanqueo de capitales), que señala al exministro con haber sido su testaferro.
Señaló que las cuentas abiertas de la Banca Privada de Andorra, funcionaban como receptores de transferencias vinculadas al pago de sobornos, utilizando sociedades a través de la División de Operaciones Estructuradas o Caja 2, era la organización interna de la empresa para el pago de dinero ilícito para los señores de alto mando del engranaje gubernamental.
Recibían 1% de cada entrada del dinero hasta 2.0%, a los gestores de las sociedades, además gestionaban cuentas y coordinaban para ocultar el origen de los fondos ilícitos.
Destacó la Fiscal que el informe de la Policía Judicial de Andorra, acredita la existencia de las diversas sociedades vinculadas, creadas y gestionadas, alguna de ellas desde nuestro país, para el recibo de los fondos ilícitos directamente de Odebrecht, y así lo explica y lo ilustra el informe de la Policía de Andorra el cual corrobora la participación de los imputados exministros.
Siguió con el alegato del expresidente 2009-2014, que ya hay un análisis del principio de especialidad y que es un tema superado para el Ministerio Público, que permite seguir adelante con la vinculación. Destaca que el acuerdo de pena suscrito por los aforados en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, vinculan al expresidente con los sobornos. Igualmente, de la Comisión Rogatoria en Materia Penal Procedente de la Confederación de Suiza, transferencias a los aforados hijos del expresidente de Panamá.
Según declaración de Evelyn Vargas Reynaga, admitió haber creado sociedades a nombre del expresidente y los aforados. Estas sociedades se utilizaron para adquirir bienes de lujo.
En su declaración indagatoria Andrés Campos Rabello también señalo al expresidente con donación a su campaña electoral, además de agilizarle proyectos en ejecución de adendas, confirmando trato preferencial con el expresidente y que también recibía pagos ilícitos.
Además, mencionó la Fiscal las órdenes de pago a nombre de diversas sociedades que confirma las transferencias realizadas a cuentas en Panamá y la sociedad Ricamar, por esto y otras pruebas pidió condena para el expresidente.
Se proseguirá este martes 24 con los alegatos de los imputados que faltan por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.
