La Procuraduría General de la Nación, por medio de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, logró que un Tribunal de Apelaciones revocara la medida cautelar de depósito domiciliario concedida a una mujer en primera instancia por el delito de estafa, y en su lugar ordenó su detención provisional.

El hecho que llevó a esta decisión ocurrió el 27 de diciembre de 2022, cuando la mujer hizo creer a la víctima que le prestaría el servicio de tramitar los pagos de impuestos a la Dirección General de Ingresos (DGI), así como los de la planilla de la Caja de Seguro Social (CSS) de su empresa.

La víctima entonces realizó varias transferencias por un total de B/.13 mil 550, desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 5 de junio de 2023 a cuentas a nombre de la ahora detenida. El comerciante se percató luego que nunca se hicieron los pagos a la CSS y que las declaraciones presentadas por la mujer no fueron registradas a la DGI, por lo que eran falsas.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, como lo establece la Constitución y la Ley.