Después de seis días de audiencia, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró un acuerdo de pena y la detención provisional para 28 personas imputadas por el delito de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, aprehendidas en la Operación Eko, el pasado 23 de febrero de 2022, en islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, en San Miguelito, la ciudad de Panamá y la provincia de Panamá Oeste.
En el acto de audiencia en la que el Ministerio Público estuvo representado por los Fiscales Joseph Diaz y Johana Quiel, se presentaron y sustentaron los elementos de convicción que vinculan a los indiciados a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, por lo que la juez Garantías Ruth Aizpú, valoró los planteamientos de los Fiscales y aplicó las medidas cautelares correspondientes a 28 personas, por considerarla la más acorde por el peligro de fuga, desatención al proceso entre otros riesgos procesales. A las otras personas, se le aplicó para dos de ellas la medida de depósito domiciliario y a 3 notificación periódica.
Además, la juez de Garantías validó un acuerdo de pena de 60 meses llegado entre las partes vinculadas al proceso, luego que Geisy Tomasa Sossa, una de las imputadas, aceptara la responsabilidad de los hechos.
Estas personas fueron aprehendidos mediante 37 diligencias de allanamiento y registro de manera simultáneas, entre la Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval y la Fiscalía de Drogas, acertando un duro golpe a esta agrupación delincuencial.
La investigación de la Operación Eko” inició el 21 enero de 2020, cuando se recibió información de parte de la Policía Nacional de la existencia de un grupo delincuencial que operaba utilizando las islas de Saboga, San Miguel, Contadora, Pedro Miguel, entre otras, como centro operativo de logística para la recepción de sustancias ilícitas procedente de Colombia, que eran movilizada en embarcaciones pesqueras, yates y lanchas rápidas. También se investiga a estas personas por la entrega de sustancias ilícitas a pandillas como Vietnam y Bagdad.
El Ministerio Público cuenta con el plazo de seis meses para concluir la presente investigación.
