A dos hombres se le dictó la medida cautelar de detención provisional por el delito contra la libertad e integridad sexual, violación carnal en perjuicio de una menor de edad.

El hecho ocurrió el 2 de junio de 2017, a las 5:00 p.m., cuando dos individuos que se dedican al transporte público de pasajeros en una chiva de la ruta El Valle de Urracá – El Chaparro, se llevaron a una menor de 13 años de edad hacia un área del corredor Norte en el sector de Torrijos Carter, desviándose de su ruta habitual donde opera dicho transporte público de pasajeros.

En ese lugar uno de los sujetos abusó sexualmente de la menor a la fuerza, mientras que el otro sujeto manejaba el vehículo y permitió que el hecho ocurriera abordo de la chiva.

Durante este proceso, se desarrolló una audiencia de vulneración de derechos y garantías fundamentales solicitada por la defensa, quien alegó que a su representado se le afectó, el derecho a la defensa y no se cumplió con lo dispuesto en la normativa respecto al procedimiento para realizar la diligencia de reconocimiento en carpeta, donde participó la menor víctima del hecho.

Por su parte la Fiscalía Regional de San Miguelito sustentó que todo se cumplió de acuerdo a los estándares y normas procesales que establecen en la diligencia, y en la cual también se contó con la participación de una Asistente de la Defensa Pública, quien estaba presente para garantizar los derechos y garantías de los posibles sujetos a identificar en dicha diligencia.

El Tribunal de Garantías expresó que las investigaciones de campo efectuadas por la Dirección de Investigación Judicial son parte de las investigaciones que requiere Ministerio Público, sin embargo no significa que esas personas mencionadas automáticamente están reconocidas. Es a partir que se logra una identidad, de acuerdo al Servicio de Identificación que suministra el Tribunal Electoral, que se individualiza la persona propiamente y se ha visto que ambos sospechosos han tenido la oportunidad de elegir, si deseaban, defensa particular o pública. Motivos por los cuales no considera se han afectado derechos ni garantías fundamentales.

Correspondió a la fiscal de Litigación Temprana, Dayra Jaramillo solicitar la legalización de aprehensión de los dos individuos y formular los cargos por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación carnal agravada, que fueron aceptados por el juez de Garantías, Edgar Jiménez. La Fiscalía cuenta con un plazo de 6 meses para desarrollar esta investigación.

El 1 de agosto de 2017 el Tribunal Supremo de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la decisión de imponer la medida cautelar personal de detención provisional.

I. Del Vecchio.