El Ministerio Público a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, por medio de la Fiscal de Circuito Paula Garcés, logró la detención provisional de un panameño y una colombiana, por el delito contra la humanidad en la modalidad de trata de personas, con fines de explotación sexual en Betania.
Los riesgos procesales sustentados por la Juez de Garantías Carolina Santamaría fueron el peligro de fuga, considerando que no tenían arraigo laboral, domiciliario, ni familiar que justificara otra medida; existen motivos graves y fundados para inferir que los imputados puedan destruir o afectar medios de prueba, ya que las víctimas son fundamentales para un juicio oral y por ser un peligro para la comunidad.
Los imputados fueron aprehendidos en una diligencia de allanamiento denominado Operativo 500, realizado el 30 de octubre de 2018, en el corregimiento de Betania, donde se pudo dar con el rescate de cuatro víctimas, tres de nacionalidad colombiana y una de nacionalidad panameña quienes fueron puestas a órdenes de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos (UPAVIT), para la atención por las especialistas en psicología y para los requerimientos de logísticas de hospedaje y alimentación de las mismas.
En esta operación, los imputados desarrollaban la actividad en un condominio, de este modo se realizaron los actos de investigación tendientes a acreditar elementos de convicción necesarios a aportar en la investigación, en la cual se ha estableció que los mismos mantienen en arrendamiento el inmueble, para el desarrollo de actividades sexuales.
La Trata de Personas es un delito que lesiona derechos humanos fundamentales, tomando en cuenta que el tratante limita o elimina derechos inherentes al ser humano, puesto que la víctima se convierte en un objeto de comercio sin libertad física o en contra de su voluntad.
La defensa apeló la decisión de la Juez y se realizará la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones el 8 de noviembre a las 10:00 a.m.
D. Lemos.
