La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Familia de la Fiscalía Regional de Coclé, logró en audiencias múltiples que un Juez de Garantías legalizara la aprehensión, formulara la imputación de cargos y decretara la medida cautelar de detención provisional contra un ciudadano de 35 años de edad, por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica.

Los hechos que motivaron esta investigación ocurrieron en la comunidad de Farallón, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón. Según los elementos de convicción presentados, el imputado mantuvo una conducta de hostigamiento, amenazas e intimidación de forma consecutiva desde marzo de 2026 en perjuicio de su expareja de 30 años de edad y madre de sus hijos.

Durante el proceso se acreditaron incidentes específicos, como el ocurrido el 14 de junio de 2026, cuando el agresor interceptó a la víctima mientras regresaba de su trabajo para proferirle improperios y amenazas de muerte. Estas acciones violentas continuaron durante el mes de julio, extendiéndose incluso hacia uno de sus hijos menores de edad, a quien el imputado le manifestó sus intenciones de atentar contra la vida de la madre.

En el acto de audiencia celebrado el 1 de agosto de 2026, el Ministerio Público sustentó la necesidad de la detención provisional basándose en los riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga y el riesgo inminente para la víctima y los testigos. Asimismo, se resaltó la naturaleza del hecho y el comportamiento del imputado, quien ya registra antecedentes penales vigentes por delitos de violencia doméstica cometidos anteriormente contra la misma víctima.

La Juez de Garantías de Coclé validó los argumentos fiscales, ordenó la medida cautelar más severa y estableció un plazo de investigación de seis meses para que la Sección de Familia profundice en las diligencias judiciales. Cabe destacar que, en la provincia de Coclé, los delitos contra el orden jurídico familiar representan el 34.7% de la incidencia delictiva, siendo la modalidad de mayor denuncia en la región.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.