Luego de 13 días, culminó este miércoles, 28 de septiembre de 2022, la  audiencia  preliminar del caso Odebrecht, en la cual el Ministerio Público reitera la confianza del llamamiento a juicio para 48 personas  naturales y una jurídica, por el delito de Blanqueo de Capitales, hecho por el cual la juez tercera Baloisa Marquínez se acogió al término para decidir.

En este último día de audiencia la Fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, dio respuesta a los  incidentes presentados por los abogados defensores. Señaló la fiscal a la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez,  la respuesta a más de 15 incidentes  que se presentaron por parte de los abogados, de los cuales la mayoría ya habían sido resuelto, por lo cual deben ser desestimados excepto dos, uno de de ellos por doble juzgamiento que se pudo acreditar respecto a una imputada que ya había sido juzgada en Uruguay y otro por cambio de media cautelar.

Al finalizar la audiencia la fiscal Morcillo indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción está satisfecha por haber llevado este caso tan complejo, de 6 años de investigación, y que  haya podido culminar con la audiencia preliminar, lo que va a permitir el llamamiento a juicio y la siguiente etapa que es la responsabilidad penal.

Señaló la fiscal, “estamos confiados en la investigación sólida, con informes financieros y la trazabilidad de las cuentas que no pudieron ser desvirtuadas por la defensa.

Insistió la fiscal Morcillo que fue clave en la investigación que la empresa Odebrecht se declarará culpable ante las autoridades de Suiza y de su propio país, Brasil, con lo que  se logró establecer, mediante la cooperación internacional cómo esta empresa le pagó a funcionarios panameños sobornos con fondos ilícito, que a su vez blanquearon a través de las sociedades anónimas fachadas.

Por otra parte, el fiscal Superior Mahdmad Daud señaló que es un expediente complejo en el que existen todos los elementos suficientes y un trabajo del cual el Ministerio Público está seguro.

Dijo Daud, “estamos seguros que se llamará a juicio y es cuando pediremos todo el peso de la ley para estas personas que, como he señalado, hicieron un atraco a los fondos del Estado.

Quedó establecido a lo largo de la audiencia que en el caso Odebrecht se  construyeron sociedades anónimas para el soborno internacional y la corrupción de funcionarios públicos, acreditándose el pago de la coima en Panamá y otras jurisdicciones, que permitió la transferencia ilícita de los fondos mediante la apertura de cuentas bancarias para que el dinero llegara a funcionarios públicos, políticos y particulares a través de la caja 2 de Odebrecht, creada con fondos ilícitos.

Se explicó además, por parte de los fiscales en sus alegatos, la tipología  de los hechos que se realizaron a través de la  utilización  de contratos ficticios para justificar movimiento de fondos, utilización de sociedades fachadas para la apertura de cuentas bancarias, prestación de servicios de accionistas nominativos, utilización de testaferros para recibir pagos ilícitos, firma de documentos en blanco, entrega de dinero en efectivo a terceros que, luego de un tiempo, lo devolvían y era utilizado para comprar cheques de gerencia, usando facturas falsas y operaciones mercantiles para dar apariencia de legalidad a los dineros de procedencia Ilícita.

La investigación conformada por más de un millón de fojas, actividad investigativa que  tuvo el Ministerio Público  que realizar, utilizando varias herramientas de colaboración   eficaz, para conocer las estructuras que se establecían en la caja 2 de Odebrecht para mandar dinero a funcionarios públicos.

La cooperación internacional procedente de la Confederación Suiza y los acuerdos de colaboración eficaz, así como las declaraciones juradas de funcionarios que indicaban las sociedades pantalla hechas para hacer los pagos por interpuestas personas por las obras de infraestructura realizadas en diversos países, quedó también acreditado en la investigación.

Participaron en este acto de audiencia preliminar además de los fiscales superiores Ruth Morcillo, Mahdmad Daud, los de Circuito Jenisbeth Malek, Thalía Palacios y el fiscal adjunto Olmedo Gómez.

Todo el equipo del Ministerio Público pidió el llamamiento a juicio para 49 personas naturales y una jurídica  por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Libro II, Título VII, Capítulo IV del Código Penal, el cual establece una pena de 5 a 12 años de prisión (artículos 254 y 255) y de 5 a 10 años (artículo 256) respectivamente.