Luego de 10 días, culminó la audiencia por el caso Blue Apple, donde la Procuraduría General de la Nación estuvo representada por los fiscales Aurelio Vásquez, Edwin Juárez, Javier Cuadra y Manuel Barría, donde presentaron pruebas contra 14 personas, acusadas por delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y por corrupción de funcionarios públicos, en esta investigación.

La Juez Segunda Liquidadora de Causas Penales se acogió al término para decidir la responsabilidad de estas personas.

Este último día de audiencia inició con los alegatos de los abogados defensores, Arturo González, quien es el abogado defensor de Melina Cano, asistente del exministro Federico Suárez; continuó el defensor William Parodi, defensa de Alberto Arias, quien hizo uso de la palabra también, destacando que su hermano cometió hechos delictivos, sin embargo, él no sabía que estaría en un proceso penal y destacó la labor del Ministerio Público, sin precedentes y que ha permitido descubrir el manejo de dineros ilícitos en este caso, y señaló que era inocente.

Continuó el abogado Cristian Ortega, defensa de Marcelino Martínez, quien felicitó a la Fiscalía por solicitar el sobreseimiento de esta persona para la cual se pidió la absolución, igualmente habló el abogado por otro de sus defendidos, Octavio Samaniego.

Prosiguió Arturo Sauri, defensa de George Moreno, luego hizo su alegato Marcela Araúz, defensa de Ricardo Francolini; siguió Rosario Granda, abogada de Luis Gil y culminó el abogado Alfredo Vallarino, defensa de César Jaramillo.

La investigación de la Procuraduría de la Nación, inició el 30 de octubre de 2017, a través de un Informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, creada por varias personas (miembros de la administración de gobierno del período 2010-2014), con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, presuntamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional, para lo cual utilizaron el sistema bancario local e internacional con el propósito de darles apariencia legítima.

El Ministerio Público ha logrado recuperar B/.40 millones en este caso además de bienes, 8.5 millones de balboas de estos se encuentran en Suiza.

A su salida, el fiscal Aurelio Vásquez detalló que el incidente de nulidad constitucional, en el sentido de haber ratificado al señor Manuel Gil Ruíz luego de su indagatoria fue tomada con la asistencia por parte de un abogado, por tanto esa declaración cumplió todos los parámetros que exige la Ley.

Y, referente a las dos incidencias de prescripción de la acción penal presentados por las defensas Alfredo Vallarino y Arturo Sauri, el fiscal Vásquez manifestó que el Tribunal se pronunció en ambos casos, de lo cual se infiere que el delito de corrupción de servidores públicos se configura para el oferente con el beneficio indebido que redunde en su propio provecho, producto de ese ofrecimiento, promesa o concesión que realiza el funcionario, por lo que solicitó el rechazo de todas las incidencias, ya que se había dado el llamamiento a juicio.

Declaró el Fiscal, que las pruebas del caso están también establecidas con el informe financiero que realizó el perito Elíseo Abrego, de la trazabilidad del dinero las entradas y salidas que dieron un monto de 81 millones de balboas, enfatizó el fiscal, «que el delito no paga».