La Procuraduría General de la Nación, representada por los fiscales Aurelio Vásquez, Edwin Juárez, Javier Cuadra y Manuel Barría, participaron del noveno día de audiencia ordinaria ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, representado por Baloisa Marquínez, en contra de 14 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales, asociación ilícita y por corrupción de funcionarios públicos, en la investigación denominada Blue Apple.
A su llegada el fiscal superior, Aurelio Vásquez, señaló que se está ante la presencia de delitos graves contra los servidores públicos, asociación ilícita para delinquir, y que la misma norma establece la participación de 3 personas, pero lo más grave es el delito de lavado de activos porque pertenece a un título que es contra el orden económico, porque afecta la economía nacional y el Estado Panameño.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), hace recomendaciones y señala que las penas del delito de lavado de activos tienen que ser ejemplarizantes.
Destacó que se está en la recta final del juicio y que las defensas pedirán en sus alegatos la absolución de sus clientes porque es su trabajo.
Inició la audiencia con el abogado defensor de Silvia Rojas, Eduardo Sequeira, quien pidió la absolución de su cliente, igual que pidió a la Fiscalía Anticorrupción el sobreseimiento de esta persona.
Continuó Rommel Salerno, defensor de Jaime Martín De La Espriella, prosiguió Ricardo Vial, abogado de Marcelino Martínez, Guillermo Bernal defensor de Luis Antonio Donadio y Basilio González, abogado del exministro Jaime Ford.
Luego, el defensor Rosendo Miranda abogado de Valentín Martínez y Federico Suárez, quien pidió más de dos horas, ya que la Fiscalía se extendió en su alegato con este imputado, situación que mencionó a su llegada el fiscal Aurelio Vásquez, quien dijo que en el caso del exministro se dieron varias circunstancias para cometer el delito por lo cual se realizan varias líneas de investigación, por lo que el fiscal Juárez tuvo que tomar más tiempo en su alegato para explicar la vinculación de esta persona al proceso, y la derivación de un dinero que el perito Elíseo Abrego señaló que no se pudo precisar hacia donde se fue, que con el informe de enriquecimiento ilícito se constata la compra de un apartamento. Esta investigación inició el 30 de octubre de 2017, a través de un informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, creada por varias personas (miembros de la administración de gobierno del período 2010-2014), con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, presuntamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional, para lo cual utilizaron el sistema bancario local e internacional con el propósito de darles apariencia legitima. El Ministerio Público logró recuperar 40 millones que fueron malversados del Estado panameño, de los 82 millones que fueron utilizados para el blanqueo de capitales a través de sobornos.
A su salida, el fiscal Edwin Juárez destacó que la Fiscalía ha corroborado con los acuerdos de colaboración que ya se han celebrado, la vinculación que mantienen los acusados y que la defensa ha tratado de desacreditar el trabajo del Ministerio Público, algo difícil de hacer, porque las pruebas están ahí, aseveró Juárez.
Continuará en su fase final la audiencia donde deberán culminar este lunes con los defensores de 10 acusados.