En el segundo día de audiencia ordinaria en el caso conocido como Panama Papers, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, representada por la fiscal superior Isis Soto y los fiscales de circuito Marcos Mosquera, Jeniffer Escribano y John Jairo Pitti, continuó con la presentación de dos de sus pruebas testimoniales, ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, a cargo de la juez Baloisa Marquínez, donde están imputadas 29 personas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

El fiscal Marcos Mosquera, realizó las preguntas al analista financiero quien le indicó que el objetivo del informe de actuación financiera del 6 de agosto de 2019, era presentar una información relacionada a la trazabilidad o movimiento de fondos que en el momento se dio por parte de personas o sociedades, una de estas Siemens AG, creando las sociedades Casa Grande Development S.A. y Gillard Management Inc.

Esta investigación inició producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacional de las Repúblicas de Argentina y Alemania.

Una de ella relacionada a presuntos actos delictivos cometidos en la República de Argentina, tales como estafa calificada, captación ilegal de fondos y asociación ilícita; de lo anterior, se logró la integración de dineros de origen ilícito, a través de la adquisición de bienes inmuebles en la República de Panamá, como consecuencia de la creación y estructuración de un complejo entramado societario y fiduciario, por parte de una firma de abogados en Panamá.

La otra línea de investigación, relacionada a un exejecutivo de la empresa transnacional, quien presuntamente a través de una firma de abogados en Panamá, creó estructuras jurídicas, con el propósito de llevar a cabo transferencia de fondos de las denominadas cajas negras, para el pago de sobornos.

La audiencia continúa mañana 10 de abril de 2024, con la evacuación de la presentación de las prácticas de pruebas testimoniales.