En audiencia ordinaria en el caso New Business, en su quinto día este lunes 29 de mayo, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por los fiscales superiores Emeldo Márquez y Uris Vargas, y el fiscal circuito Gilberto Arona, se continuó con las repreguntas por parte de los abogados de la defensa a un perito.
El fiscal Superior Márquez, en el momento de las repreguntas hacia el perito referente a las interrogantes de abogados de la defensa acerca de si era necesario asistir a las oficinas de Global Office Corp. y Condotte Panamá & Asociados para realizar el informe, manifestó que no era necesario después que se obtiene con el expediente, al ser solicitada previamente por la Fiscalía todos los documentos que se requieren, donde se analiza y se verifica, y si hace falta alguna documentación, se solicita.
Referente a la empresa Corporación de Inversiones Multimedios, el fiscal Emeldo Márquez repreguntó quienes eran los beneficiarios de las acciones de Epasa, el perito señaló que el 60% el beneficiario fue un expresidente de la República del período gubernamental 2009-2014 y el otro 40% restantes, estaban divididas a la mitad, 20% para otras dos sociedades.
Además, indicó que TCT producto del pago de 22 millones de balboas para la construcción de la autopista Arraiján-Panamá transfirió a la sociedad New Business 5.05 millones balboas, realizados en diciembre de 2010.
Este perito realizó un informe de análisis financiero sobre cuentas bancarias, en el cual destacó la forma y los aportes millonarios que hicieron empresas que mantenían proyectos con el Estado panameño; además, de comerciantes que totalizaron más de 43,912,828.94 millones de balboas, que fueron a parar a una cuenta de New Business Services.
La audiencia finalizó con el interrogatorio de una perito aportada por la defensa, quien sostuvo que la actuación de la cuenta High Spirit y el informe de liquidación de la Casa de Valores Financial Pacific, dónde a pregunta del Fiscal Márquez, indicó que hubo muchas irregularidades.
La Fiscalía inició su actividad investigativa el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A., dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutara mediante un complejo esquema de blanqueo de capitales.
