La Procuraduría General de la Nación, mediante su Fiscalía Regional de Chiriquí, consiguió que un Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la sentencia condenatoria de 12 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión del derecho por cinco años, una vez concluida la pena principal, como pena accesoria, para una abogada condenada en un juicio como responsable por los delitos de estafa agravada y falsificación de documentos.

Posterior a la realización del juicio, en donde se condenó a dicha persona, la defensa técnica presentó la solicitud de anulación, no obstante, y después de evaluar las consideraciones de las partes, los miembros de un Tribunal de Apelaciones, decidieron confirmar la sentencia penal.

Esta investigación, tiene relación con hecho registrado durante el año 2019, en la comunidad de Bongo, distrito de Bugaba, cuando la hoy sancionada, mediante engaño se apropió de un bien (finca), ubicada en este mismo distrito, propiedad de unas personas adultas mayores.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.