La condena de 64 meses de prisión y 3 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, le fue impuesta a una ciudadana, encontrada culpable después de que la Sección de Asistencia a Juicio, de la Fiscalía Regional de Chiriquí, probara su responsabilidad por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada.

La Fiscalía, mediante la exposición de al menos 18 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, probó la comisión del hecho y la responsabilidad de esta persona, permitiendo así que el Tribunal de Juicio, dictara de forma unánime, la sentencia condenatoria.

El hecho penal se dio durante el año 2018, cuando la condenada en condición de representante legal de una fundación, autorizó la venta de un bien (una finca), a la víctima, por la suma de 15 mil balboas, pero después resultó ser que la propiedad pertenecía a otra persona.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley.