A ocho años de prisión fue sentenciado un hombre y se le aplicó detención provisional a una mujer, luego que la Procuraduría General de la Nación a través de su Fiscalía Regional de Chiriquí los vinculara al delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

Al hombre se le impuso la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones por el término de cuatro años, una vez cumplida la sanción principal.

Durante la audiencia de control, la Fiscalía fundamentó sus peticiones en elementos de convicción que, junto a la Policía Nacional, fueron recabados, donde se acredita el delito y la participación de ambas personas, lo cual permitió que se admitiera la legalización de aprehensión para ambos, la formulación de imputación y después que el ciudadano aceptara su culpa con el hecho, se validó el acuerdo de pena.

Este hecho se da el 8 de mayo del 2026, en el puesto de control de Guabalá, cuando mediante diligencia de registro e inspección a un vehículo conducido por la persona condenada que era acompañado por la mujer a quien se le aplicó la detención, se encontraron cinco ciudadanos extranjeros (3 ecuatorianos y 2 venezolanos), quienes se desplazaban por territorio nacional sin los debidos permisos.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley.