La Agencia Subregional de Barú, en la provincia de Chiriquí, logró mediante acuerdo de pena la condena a 56 meses de prisión, resarcimiento a la víctima, y como pena accesoria la inhabilitación por un año para el ejercicio de funciones públicas para la ciudadana Julissa Pineda, como responsable por los delitos de corrupción de funcionarios públicos y estafa agravada.

Esta investigación desarrollada por la fiscal Gissele Acosta, permitió recabar pruebas que comprobaban el hecho penal y la vinculación con esta persona, por lo cual una vez esta aceptó haber tenido participación con el delito, se procedió a validar un acuerdo de pena y a emitir la sentencia condenatoria N° 504.

Lo anterior está relacionado con hechos suscitados en marzo del 2024, cuando la hoy condenada valiéndose de que era funcionaria de una institución de seguridad, cobró a la víctima la suma de 10 mil balboas haciéndole creer que ella le conseguiría un nombramiento en el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Con la denuncia interpuesta se realizaron en su momento las diligencias respectivas y mediante la operación “Farsa”, la responsable fue aprehendida.