La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en audiencia celebrada este 25 de febrero de 2026, logró la condena de 18 años de prisión para dos hombres, aprehendidos en el desarrollo de la operación “Coyote 507”, por el delito de tráfico ilícito de migrantes.
En audiencia ante Juez de Garantías, la Fiscalía legalizó las aprehensiones de estas dos personas, se dio por presentada imputación por tráfico ilícito de migrantes y se obtuvo a través de un acuerdo de pena la condena antes mencionada.
Además, se logró el control de allanamiento y registro excepcional, incautación de celulares y el Juez impuso como pena accesoria la inhabilitación de funciones públicas por 5 años, una vez cumplida la pena principal.
La operación “Coyote 507” se desarrolló en conjunto con unidades de la Policía Nacional en el distrito de San Miguelito y Pedregal, donde fueron aprehendidas estas personas.
Esta operación guarda relación a una investigación que desarrolla la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada desde noviembre de 2025, contra un grupo estructurado dedicado a la recepción, facilitación y financiamiento del ingreso y salida del territorio nacional de migrantes de nacionalidades: venezolana, ecuatoriana, camerunés y china, a través de la frontera con Colombia, en Darién.
Este grupo de personas cobraban hasta B/.3,000 a cada víctima, en travesía desde Colombia hacia Panamá y viceversa. Esto incluía lancha desde Golfo de Urabá al Caribe Panameño o hacia Colombia, igualmente por vía trochas por la selva, transporte en piraguas y movilización vehicular desde o hacia ciudad de Panamá.
Una tercera persona aprehendida en horas de la tarde ayer en Paitilla, será llevada a audiencia de garantías mañana 26 de febrero, por estos mismos hechos.
Dentro de este proceso ya hay 2 personas detenidas, imputadas por el delito de tráfico ilícito de migrantes.
La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.
