La Fiscalía Anticorrupción de Descarga, representada por el fiscal superior Edwin Juárez Duarte, logró la condena de los señores Mariano Enrique Mena Quintana, Gabriel Edwin Castillo Coba, Armando Enrique Rangel Gordón, Guillermo Puga Rodríguez, Elberto Luis Cobo Rodríguez, Víctor Manuel Torres De León y Aniano Pinzón Real, proferida por la Juez Primera Liquidadora de Causas Penales, Águeda Reintería Sánchez, a 60 meses de prisión, como autores del delito de Contra la Administración Pública en la modalidad de diferentes formas de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Además, se les impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término a la pena de prisión impuesta, la cual comenzará una vez cumplida la sanción principal.

La investigación del Ministerio Público surgió a raíz de una denuncia presentada por la exministra de trabajo Alma Cortes, para el 21 de abril de 2010, señalando que el Instituto de Estudios Laborales, que es una unidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entregó grandes sumas de dinero a los gremios sindicales confederados, sin que hayan presentado informes del uso del dinero provenientes del Seguro Educativo descontando a los trabajadores del país.

Según informe de la Contraloría General de la República se encontraron incongruencias y gastos con fines distintos a lo establecido en el Decreto que regula el Seguro Educativo, sin que los dirigentes sindicales pudiesen sustentar la suma superior a B/.261,000.00.