La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico, en audiencias múltiples, legalizó la aprehensión y logró la imputación de cargo por robo agravado contra un ciudadano, al cual, luego de demostrada y aceptada su responsabilidad con el caso se avaló acuerdo de pena de 96 meses de prisión.

Además, se le impuso una pena accesoria de 3 años de prohibición para ejercer funciones públicas.

Lo anterior por hecho ocurrido el 12 de junio en la Calzada de Amador cuando la víctima se encontraba realizando ejercicio y es abordado por el agresor con arma de fuego y lo despoja de sus pertenencias.