Un Total de 18 personas aprehendidas en el desarrollo de la operación Selva fueron imputadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas por reunión, conspiración y blanqueo de capitales, en perjuicio de la sociedad, de las cuales el Juzgado de Garantías ordenó la detención provisional para 11 personas, dictó dos sentencias condenatorias y cuatro medidas cautelares distintas a la detención provisional.

Las dos sentencias condenatorias dictadas de 48 y 60 meses de prisión fueron mediante acuerdo de pena una vez las dos personas imputados aceptaron la comisión del hecho punible.

La audiencia de garantías que se desarrolló del 20 al 23 de marzo de 2025, el Fiscal de Drogas, Joseph Díaz, presentó al Juzgado los elementos que vinculan directamente a los imputados en las conductas delictivas, por lo que el Juzgado decidió aplicar la medida cautelar más severa, considerando la naturaleza de los hechos, el peligro que representan para la comunidad y por la naturaleza del hecho.

En el desarrollo de la audiencia se legalizaron tres allanamientos excepcionales, la aprehensión de las 18 personas y se dio por presentada la formulación de cargos.

La Fiscalía de Drogas inició la investigación de la operación Selva, en septiembre de 2023, cuando se tiene conocimiento de la existencia de un grupo de personas lideradas por un ciudadano de nacionalidad colombiana, que colaboraban con receptar, custodiar, ocultar sustancia ilícita.

Este grupo de personas utilizaba como área de recepción de la sustancia ilícita, la provincia de Colón, Costas del Atlántico, donde mantenían sus principales centros de acopio de la droga, proveniente de Colombina.

Estas personas tenían como modo de operar el envío de lanchas rápidas para trasegar la droga hasta Panamá, para luego iniciar la coordinación para transportar la droga desde Colón hacia Panamá en vehículos con alteración en su estructura (doble fondo), para ser llevadas hacia Costa Rica, y su destino final Estados Unidos.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, trasparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.