De manera unánime, con 47 votos a favor el pleno de la Asamblea de Diputados aprobó el proyecto de Ley 61 que “modifica y adiciona artículos al Código Penal y a la Ley 11 de 2015, sobre asistencia jurídica internacional en materia penal, y dicta otras disposiciones respecto a medidas contra la ciberdelincuencia, que busca la adecuación de la legislación panameña al Convenio de Budapest, no solo en respuesta a las necesidades actuales de la lucha contra este flagelo sino también en protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el ciberespacio.
La iniciativa fue presentada por el Procurador General de la Nación el 5 de septiembre de 2024 y aprobado en tercer debate este miércoles, 9 de octubre, y luego se integraron otras iniciativas que buscaban igualmente la penalización de conductas como la violencia virtual contra la mujer. El Procurador Caraballo hizo mención que este proyecto instituye nuevas conductas delictivas, anexa nuevas herramientas procesales que permitirá a los fiscales ser más efectivos en las investigaciones de este tipo de conducta delictiva que lamentablemente van en aumento en nuestra sociedad. Esto obedece a que cada vez se utilizan más redes sociales para la intercomunicación y cada vez los grupos criminales tratan de utilizar estas herramientas para cometer conductas delictivas.
Entre las nuevas conductas delictivas que contempla el proyecto aprobado son la llamada “sextorsión” el “grooming” (cuando en redes sociales un adulto se hace pasar por una persona menor de edad) la suplantación de identidad para cometer estafa u otros delitos, entre otros. “Es una ley bastante robusta” aseguró el Procurador General de la Nación, quien manifestó además su complacencia por la aprobación del proyecto de ley que viene a suplir algunos vacíos de este tipo de conductas delictivas.
También, el proyecto de ley aprobado trae una serie de herramientas procesales que hacen más fluida y práctica la cooperación judicial internacional, dado que los ciberdelincuentes no conocen fronteras, por lo tanto, es necesario que todos esos mecanismos de intercambio de información, de prueba digital, sean lo suficientemente ágil para una persecución efectiva de esta conducta delictiva.
Esto representa un avance significativo hacia un sistema legal más eficaz y equitativo, con el objetivo de promover el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Acompañaron al Procurador en la elaboración, discusión y aprobación del proyecto los fiscales superiores, Ledye Machuca de la Fiscalía Especializada en Delito Informático; Agustín Almario, de la Fiscalía de Asuntos Internacionales; Grisell Mojica, Fiscal Superior de Litigación y el Fiscal José Isaac Barrios de la Fiscalía de Litigación.
