Un Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chiriquí concedió un Amparo de Garantías revocando así la decisión interpuesta por un Juez de Garantías en exigir al Ministerio Público la celebración de un acuerdo de pena dentro de una causa penal establecida por el delito contra la humanidad en su modalidad específica de tráfico ilícito de migrantes.

En su parte explicativa la Fiscal Adjunta de Bugaba, Paola Palacios quien presentó el recurso, basó su petición indicando que los agentes del Ministerio Público y la defensa técnica deben buscar en los acuerdos la proporcionalidad de la pena o medidas, y el Juez de Garantías, tal como su nombre lo define ser garante únicamente de que se cumpla con el debido proceso en los acuerdos conforme a la Ley y los principios.

La fiscal señaló que desde el ingreso de la causa se procedió de forma correcta indicando que nunca se negó la posibilidad de negociar un posible acuerdo sin vulnerar el derecho a defensa del imputado.

El hecho penal el cual se refiere a la presentación de este amparo se da para la fecha del 13 de Febrero de 2018, cuando un ciudadano de 33 años fue aprehendido en flagrancia, toda vez que el mismo se encontraba en compañía de dos ciudadanos ecuatorianos en el sector de San Isidro, quienes al ser abordados por unidades de SENAFRONT y solicitar sus documentos de identidad personal, indicaron que el señor les había cobrado cierta cantidad de dinero para llevarlos a Costa Rica de manera ilegal, evadiendo retenes de control policiales.

Estos hechos presuntamente se enmarcan en lo establecido en el artículo 456-F, del Código Penal, el cual textualmente establece: que quien dirija, promueve, financie, colabore, facilite o de cualquier forma participe en la entrada o salida del terrorismo nacional de personas, con fines de tráfico ilícito de migrantes, aún con el consentimiento de estas, será sancionado con prisión de quince a veinte años de prisión.

B. Caballero.