La Fiscalía Superior contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Rafael Santiago Baloyes Lobos, informó que los detenidos en la red de tráfico de personas, en el operativo denominado “Mesoamérica”, podrían pagar hasta 30 años de prisión.
Esta operación trasnacional realizada por primera vez en Panamá, tenía como cabecillas a una mujer colombiana junto a su esposo de nacionalidad israelí, con pasaporte colombiano, y tenían como lugar de operación logístico el edificio Lacosta Tower en Costa del Este y desde la pensión La Cigarra, en el corregimiento Santa Ana.
Parte del personal de La Cigarra ha rendido testimonios, algunos bajo imputación de cargos han aceptado su grado de participación, como el de los cabecillas.
De acuerdo al fiscal Baloyes indicó que, “entendiendo que la ley nos obliga en las convenciones a que este tipo de personas son víctimas para nosotros y debemos darle la calidad de víctima, no obstante; no puede haber un tercero que interceda y pueda lucrar de ello. Panamá tiene que propiciar el paso de estas personas, una vez ingresado y darle todas las condiciones apropiadas para salvaguardar su vida, pero este grupo criminal no permite eso, este grupo criminal lo que hace es lucrar y atentar contra la vida y la humanidad de estas personas”.
Esta investigación que tomó 5 meses, y donde se pudo confirmar la vinculación y acreditación del hecho, es un delito bastante complejo donde se tienen que realizar todos los elementos de prueba para poder llevar a juicio, y el Ministerio Público cuenta con los argumentos para conseguir la condena en este caso; donde la pena es de 15 a 20 años con una agravante que puede llegar a 30 años de prisión.
El grupo criminal solo busca lucrar su aspecto económico, sobrepasa la vida humana y en este delito hay personas que se han perdido en el trasiego por la selva de Darién, que es muy peligrosa y son víctimas de ofensas, extorsión, robos y violaciones, destacó Baloyes.
Resaltó la autoridad del MP que las víctimas pagan 25 mil dólares cuando salen de sus países y la red va distribuyendo ese dinero hasta llegar a los Estados Unidos. Este dinero lo obtienen de la venta de la tierra y propiedades de sus familiares, para aquella ilusión que tienen, pero esta red capta esta ilusión y lo convierte en una desilusión. Entre los extracontienentales se puede mencionar que hay mujeres y niños de nacionalidades nepalís, bangladesíes y africanos.
“Panamá está comprometido a nivel internacional, tenemos los convenios internacionales donde lo ha ratificado y está seguro que por medio de la Fiscalía de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, no vamos a escatimar esfuerzos para combatir este crimen”, señaló el fiscal Rafael Baloyes.
