CONAPREDES culmina con la II Fase de los talleres de actualización del Plan Nacional de Prevención de la explotación sexual y comienza con el proceso de elaboración del Plan Nacional
marzo 25, 2024

Continuando con la II Fase del proceso de consulta técnica para la elaboración del nuevo Plan Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual 2024-2028, La Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES) ha realizado los últimos talleres de consulta técnica en las Provincia de Bocas del Toro, Panamá Oeste, Colón, Darién y Panamá.

A estos talleres asistieron un total de 148 personas de distintas instituciones que se encuentran día a día con las víctimas o posibles víctimas de estos delitos.

La iniciativa contó con la participación de organizaciones gubernamentales, así como de la sociedad civil como Ministerio Público, Caja de Seguro Social, Ministerio de Economía y Finanzas, DNIJ- Delitos Sexuales, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección Nacional de Investigación Judicial, Órgano Judicial, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Universidad de Panamá, UNPIME, Colegio Nacional de Abogados, SENAFRONT, Fundación Vida Mujer, Aldeas Infantiles SOS, Hogar San José de Malambo, Centro Vocacional de Chapala, CAI La Chorrera, FUNDESPA, Ciudad del Niño, Centro de Alcance las 500, UDELAS, APLAFA, ISAE Universidad, Migración, Fundación Pro Niños de Darién, entre otros.

Las consultas técnicas a nivel nacional, servirán de insumo para establecer un nuevo marco programático para el periodo 2024 -2028 en donde se contemplan varios aspectos desde una perspectiva local además de intervenciones focalizadas, en lo que respecta a las distintas subculturas que conforman la sociedad panameña.

Estas acciones buscan ser consideradas como líneas estratégicas encaminadas al fortalecimiento institucional de los operadores de justicias y sociales, responsables de la prevención, protección, atención y rehabilitación de las víctimas, lo cual permitirá que Panamá se trace una ruta para estar a la vanguardia en materia de políticas públicas de prevención de estos delitos.

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