Las redes sociales han divulgado información relativa a la participación de funcionarios del Ministerio Público en la comisión de delitos contra la Administración Pública y contra la Fe Pública, relacionados con el retiro ilícito de armas de fuego y municiones del Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados de esta institución.
La Procuraduría General de la Nación aclara que esta noticia fue comunicada al país, por el Ministerio Público, el día 28 de octubre de 2022, cuando se produjeron las primeras acciones para la legalización de la aprehensión, imputación y detención provisional de una exfuncionaria de la institución vinculada con el uso de firmas falsificadas y sellos públicos, en la ejecución de estos hechos.
En el transcurrir investigativo, la pesquisa aperturada permitió identificar otros antecedentes, que datan del año 2019, por lo cual, a raíz de ello, tuvo inicio un segundo sumario, que condujo a la ejecución de técnicas especiales de investigación, la consecuente identificación de los cómplices de dichos actos ilícitos, entre ellos, otra exfuncionaria y tres particulares vinculados a los delitos de Posesión y Tráfico de Armas, y Delincuencia Organizada, así como los respectivos allanamientos, que el 25 de enero de 2024 hicieron posible aplicar la detención provisional a los involucrados, la cual fue confirmada el 6 de febrero de 2024, por el Tribunal de Apelaciones.
Vale aclarar que la Procuraduría General de la Nación es una entidad conformada por 5,491 funcionarios, y somos conscientes que existe la posibilidad de corrupción, por el mal uso del poder público. Sin embargo, el Ministerio Público tiene el firme compromiso de investigar, poner a órdenes de las autoridades competentes y exigir la responsabilidad penal que corresponda, en cada caso específico donde funcionarios públicos de la institución o de otras entidades gubernamentales infrinjan la Ley, como es el caso que nos ocupa, donde tenemos a dos exfuncionarias guardando detención provisional.
Paralelo a esto, el Ministerio Público sigue aplicando medidas de control y estrategias que nos permiten evaluar, gestionar y mitigar esos riesgos, siempre orientados a erradicar las prácticas corruptas en nuestra institución, en otras entidades públicas y en el país, independientemente de la posición o el perfil de las personas involucradas.
