En virtud de las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, que dan cuenta de un supuesto comunicado emitido por el Ministerio Público de Guatemala, el cual señala que dicha entidad “alegó y presentó evidencias de que las autoridades panameñas se han negado a dar información para establecer el origen del dinero con el que se compró” el avión con matrícula N799RM, relacionado con el proceso por Extinción de Dominio, iniciado en dicho Estado, desde agosto de 2021; la Procuraduría General de la Nación entabló comunicación con la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación de la Fiscalía General de Guatemala, con la finalidad de verificar el contenido del presunto comunicado.
Sobre el particular, la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación de la Fiscalía General de Guatemala ha sido enfática en indicar que el Ministerio Público guatemalteco no ha emitido ningún comunicado en los términos antes referidos.
Es un hecho público que el 26 de febrero de 2021, la aeronave con matrícula N799RM fue inmovilizada en territorio guatemalteco, por la Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos del Ministerio Público de Guatemala. El 19 de agosto de 2021, el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente ordenó su devolución, siempre y cuando no mediara otra causa en su contra. La Fiscalía de Extinción de Dominio, Departamento de Guatemala, inició un proceso de Extinción de Dominio sobre dicho avión, siendo ordenado el 2 de septiembre de 2021 el embargo de la aeronave por el Juzgado guatemalteco de Extinción de Dominio.
Por otro lado, las autoridades guatemaltecas emitieron una solicitud de asistencia jurídica, para recabar información judicial, registral, de identidad personal y bancaria relacionada con la aeronave, solicitud que fue recibida en Panamá por la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua del Ministerio de Gobierno y, a su vez, dicha oficina la trasmitió al Ministerio Público panameño. El 21 de diciembre de 2021, la Procuraduría General de la Nación acogió la solicitud y ordenó su diligenciamiento; además, a través de la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua del Ministerio de Gobierno, requirió información adicional a las autoridades guatemaltecas para precisar los datos judiciales específicamente requeridos. El 30 de diciembre de 2021, esta última solicitó los datos adicionales mediante nota, que fue transmitida a Guatemala el 24 de enero de 2022 y al no recibir respuesta se reiteró su contenido el 17 de febrero de 2022.
Aún sin recibir respuesta a esta última nota, la Procuraduría General de la Nación procedió a recabar los otros elementos probatorios requeridos por las autoridades guatemaltecas, constituidos por siete (7) tomos de información, y el 12 de abril de 2022 la Procuraduría General de la Nación los remitió a la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua del Ministerio de Gobierno, que dispuso elaborar la nota remisoria de las diligencias practicadas, dirigida a las autoridades guatemaltecas el 5 de mayo de 2022, siendo éstas entregadas el 9 de mayo de 2022 a la Embajada de la Guatemala en Panamá.
La Procuraduría General de la Nación de Panamá ha ofrecido la más amplia cooperación internacional a las autoridades guatemaltecas, desde que el 21 de diciembre de 2021 se recibió la rogatoria internacional, relacionada con dicho proceso, hasta el 12 de abril de 2022, cuando fueron remitidos siete (7) tomos de información, por conducto de la autoridad central panameña, el Ministerio de Gobierno de Panamá.
