El Instituto Superior de Formación de Fiscales del Ministerio Público de Panamá, Dra. Clara González de Behringer, llevó a cabo el seminario titulado “Interrogatorio de niños, niños y adolescentes en Cámara Gesell”, con el propósito de promover un abordaje más eficiente, humano y respetuoso de los derechos de la niñez y adolescencia, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
Esta jornada académica tuvo como eje central la necesidad de fortalecer las competencias técnicas y éticas de los operadores del sistema de justicia en la implementación de entrevistas especializadas dentro del entorno de la Cámara Gesell, garantizando así la protección de la integridad emocional y psicológica de las víctimas menores de edad.
El evento contó con la participación de expositores nacionales e internacionales, quienes enriquecieron el espacio con sus experiencias, conocimientos y buenas prácticas en la materia. Se destacó la presencia de la Fiscal María Alejandra Mángano, coordinadora de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de la República Argentina, reconocida por su trayectoria en la protección de víctimas de delitos complejos, y del Consultor Internacional Miguel Méndez, de la República de El Salvador, experto en procesos de justicia restaurativa y atención integral a poblaciones vulnerables.
A nivel nacional, participaron como ponentes como la psicóloga Amada Santamaría (UPAVIT); la Fiscal Sadhira Ashby, el Fiscal de Circuito Enrique Chen y el Fiscal Superior Emeldo Márquez.
Durante las ocho horas de capacitación, veinticinco funcionarios provenientes de diversas fiscalías del país intercambiaron experiencias y fortalecieron sus competencias en un entorno colaborativo, con el objetivo de perfeccionar los procedimientos de entrevista a niños, niñas y adolescentes en situaciones sensibles.
Este seminario reafirma el compromiso del Ministerio Público con una justicia más cercana, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, en particular de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, para quienes el acceso a un proceso judicial digno y eficiente debe ser una garantía efectiva y no un privilegio.
