El Instituto Superior de Formación de Fiscales (ISFF) del Ministerio Público realizó, el pasado 15 de octubre, una jornada de capacitación en modalidad virtual sobre “Delitos de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos” la cual fue dirigida a fiscales y asistentes operativos y contó con la participación como expositores de las Fiscales Superiores Zulma Dip y Gina Diaz, el Licdo. José Ostia Sub director de la DIASP del Ministerio de Seguridad y Karla González e Isaura Mejia Fiscales que explicaron orientaciones investigativas y prácticas para abordaje de estos delitos.
Las expositoras revisaron la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, que amplía las teorías de disponibilidad y tenencia. Según se explicó, la posesión puede inferirse cuando el arma se encuentra en espacios cerrados, como vehículos o domicilios, siempre que se acredite una esfera de control. También se destacó la importancia de distinguir entre poseer y portar al redactar las imputaciones, así como individualizar el arma, verificar su idoneidad para producir disparo, la ausencia de permisos y establecer el vínculo entre la persona y el arma.
Otro eje central fue la prueba pericial y la cadena de custodia. Al desarrollarse la temática se abordaron peritajes balísticos, la restauración de números de serie y análisis de residuos de disparo, junto con los errores más frecuentes en la documentación como la ausencia de sellos o firmas y la inconsistencia en las fechas y descripciones. Desde el centro de custodia se recomendó utilizar embalajes más resistentes y firmar los registros de transferencia en tiempo real para garantizar la trazabilidad de las evidencias.
En la jornada académica también se abordó la legalización de la aprehensión y la aplicación de las medidas cautelares conforme a los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, recordando el carácter excepcional de la prisión preventiva y finalmente se planteó la posible aplicación de estas figuras a dispositivos no tradicionales, como los drones y en las conclusiones coincidieron en que se deben reunir evidencia corroborante de alta calidad antes de alegar hechos agravantes con el fin de fortalecer los casos y reducir riesgos en juicios.
