El Instituto Superior de Formación de Fiscales del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, llevó a cabo el curso especializado «La Acción de Amparo de Garantías Constitucionales», contando con la participación de fiscales y asistentes operativos del Primer Distrito Judicial. Quienes durante tres días de aprendizaje compartido exploraron a fondo una de las herramientas más valiosas para garantizar y resguardar los derechos fundamentales de cada persona.
El programa académico buscó ofrecer a los colaboradores de la Procuraduría General de la Nación, un aprendizaje claro y útil sobre la Acción de Amparo de Garantías, combinando teoría y práctica para que puedan comprenderlo, aplicarlo y defenderlo de forma efectiva. Con esta iniciativa se procura reforzar la protección de los derechos fundamentales y su correcta vinculación con el proceso penal, creando al mismo tiempo un espacio de diálogo y reflexión que contribuya al crecimiento profesional y al fortalecimiento de la labor institucional.
La actividad académica reunió a expositores, quienes compartieron su experiencia desde la práctica judicial. También se contó con el valioso aporte del Dr. Omar Cadul Rodríguez, abogado socio de la firma Morgan & Morgan, y del Dr. Virgilio Sousa, por el Instituto Superior de Formación de Fiscales.
El curso se distinguió por ser dinámico y participativo. A través de talleres con casos prácticos y espacios de trabajo colaborativo, los funcionarios tuvieron la oportunidad de analizar, debatir y argumentar sobre la procedencia o improcedencia del amparo de garantías, apoyándose en la norma y en la jurisprudencia. Estos ejercicios favorecieron el intercambio de ideas y la construcción conjunta de aprendizajes. Además, llevaron a cabo talleres de estructuración y redacción de esta acción constitucional, fortaleciendo tanto sus habilidades individuales como el trabajo en equipo para la práctica diaria.
Esta actividad académica reafirma el compromiso del Instituto Superior de Formación de Fiscales con la formación continua, el fortalecimiento institucional y la defensa efectiva de los derechos fundamentales en el ejercicio de la función pública.
