Fiscales se actualizan en materia de Inteligencia Artificial para la Investigación Penal
junio 06, 2025

El Instituto Superior de Formación de Fiscales del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, en cumplimiento de su Plan Anual de Capacitación 2025, realizó los días 27 y 28 de mayo, el seminario Inteligencia Artificial en la Investigación Criminal dirigido a Fiscales Adjuntos y de Circuito de las distintas Secciones de Fiscalías a nivel nacional.

Este importante e innovador evento académico contó con la participación de expositores nacionales e internacionales, con amplio conocimiento sobre como distintas herramientas vinculadas a la inteligencia artificial pueden utilizarse en beneficio de la investigación penal, primordialmente para contribuir con el análisis de datos relacionados con hechos delictivos.

El tema Introducción al Uso de la Inteligencia Artificial estuvo a cargo del Líder de Programa de Amenazas Trasnacionales y Finanzas Ilícitas de ATSG de INL de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, Jhon Riaño, quien además de explicar las bases de la materia hizo alusión a herramientas que se utilizan para el análisis predictivo, la valoración probatoria, reconocimiento facial, detección automática de actividades sospechosas, análisis criminal, entre otras.  Además, se refirió a Los Lineamientos para el Uso Respetuoso, Responsable, Seguro y Ético de la IA en la Rama Judicial dictados por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por ser uno de los primeros en su clase en América Latina.

Otro de los temas estudiados fue la Inteligencia Artificial en la Investigación Criminal, a cargo de Esteban Aguilar Vargas, Subdirector Nacional de Ciberseguridad de la República de Costa Rica, quien explicó los principios fundamentales de la IA, como también el análisis de patrones de conducta, análisis de información bancaria y financiera, creación de retratos hablados, detección de patrones en redes sociales, análisis de dispositivos tecnológicos, entre otros, que pueden coadyuvar con la investigación de delitos relacionados con el narcotráfico, corrupción, ciberdelitos, delitos sexuales y blanqueo de capitales.

El licenciado Omar Prado de la Dirección de Informática del Ministerio Público, se ocupó de exponer el tema ¿Puede la IA reemplazar al abogado? lo que permitió reflexionar sobre la utilidad de este tipo de tecnología como una herramienta aliada en las labores jurídicas cotidianas.

La licenciada Yamileth Pimentel, Fiscal Superior de la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana, generó un debate académico sobre la producción cinematográfica Minority Report, basada en aspectos relacionados en la inteligencia artificial, lo cual resultó de utilidad para generar vínculos entre la tecnología, el derecho penal y el derecho procesal penal con un enfoque actual.

Durante el segundo día de la capacitación se desarrolló desde una perspectiva práctica lo relacionado con el uso de la inteligencia artificial para el monitoreo de redes sociales, análisis de imágenes y reconocimiento facial, el análisis predictivo y cómo funcionan los algoritmos, de lo cual se ocupó la Ingeniera Aixa Ruiz de la Unidad de Análisis Delictivo adscrita a la Secretaría de Política de Persecución Penal de la institución.

La Ética en la Inteligencia Artificial, como factor transversal en esta materia fue la conferencia desarrollada por la licenciada Aida Castro, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Superior de Asuntos Legales, y para concluir la jornada el Magistrado Carlos Barragán Quirós del Tribunal Superior de Apelaciones explicó el Uso de la Inteligencia Artificial desde el Poder Judicial, tanto en un enfoque de evaluación de la investigación realizada por el fiscal como en la toma de decisiones en las distintas fases del proceso.

En esencia esta actividad académica permitió ampliar el conocimiento de los participantes en cuanto a nuevas herramientas tecnológicas que podrían tener incidencia en la investigación penal, entender las bases en las que se sustenta su uso, los desafíos que conlleva, así como el cuidado que corresponde tener desde una perspectiva ética y como parte de la garantía del debido proceso al proceder con su utilización.

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